Por Magdalena Flores y Edgardo Ayala

Hace 27 años, el Ejército cometió una de las barbaridades más crueles: matar a sangre fría a niños y niñas, y a mujeres, y a ancianos indefensos. Las víctimas ahora piden justicia.

 

SAN SALVADOR – Acorralados como animales, más de doscientos civiles, entre ellos niños y niñas, fueron brutalmente asesinados a sangre fría por miembros del Batallón Atlacatl, una unidad élite del ejército, en el río Amatitán, en el punto conocido como El Calabozo, San Vicente. El caso ha estado engavetado por diez años, pero ahora las víctimas piden que se reabra y se imparta justicia.

 

A la matanza se le conoce como la Masacre de El Calabozo, y de eso hace ya 27 años.

 

Pero Amadeo Carrillo no ha olvidado nada, mucho menos los gritos de las mujeres y niños, entre ellos los suyos propios. Él, por puro milagro, logró escapar de la muerte y se escapó hacia un cerro cercano. Desde allí escuchó el dolor de la muerte.

 

“Viera qué tremendo es oir que están matando a los hijos y a la esposa de uno, y uno sin poder hacer nada”, dice, sentado en una banca de madera en su casa, del cantón Amatitán Abajo.

 

La masacre ocurrió el 22 de agosto de 1982, en el marco del más grande operativo militar realizado en la zona de San Vicente. Se estima que unos seis mil soldados, de diferentes unidades militares, participaron en dicha operación denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, en honor a un oficial caído en la zona.

 

Por varios días los militares del ejército persiguieron, torturaron y masacraron como animales a habitantes de los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara, San Lorenzo, al norte de San Vicente. Pero fue la mañana del 22 de agosto que perpetuaron la matanza más grande, en una hondonada conocida como El Calabozo, a la orilla del río Amatitán. Hasta allí habían llegado huyendo aquellas gentes, perseguidos por soldados y roqueteados desde el aire por helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea. Y solo encontraron allí una muerte cruel y salvaje.

 

Aunque del brutal hecho ya transcurrieron casi 27 años, los únicos sobrevivientes y familiares de las víctimas, pero también toda la comunidad, no pierden la esperanza de que los culpables reciban su castigo.

 

El pasado 15 de julio, con apoyo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madeleine Lagadec”, presentaron una petición para que se reabra el juicio de la masacre de El Calabozo, que desde 1999 está archivado.

 

Además el CPDH solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, el retiro del actual embajador de El Salvador en Honduras, el Coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, por atribuirle responsabilidad en la masacre. Ochoa era entonces el comandante del Destacamento Militar Número 2, con sede en Sensuntepeque, y sus tropas también participaron en el operativo –y en la carnicería—.

 

Las pruebas y testimonios se engavetan

De acuerdo al abogado que lleva el caso, David Morales, es anormal que el juicio por la masacre de El Calabozo continúe en archivo, pues generalmente un proceso pasa a archivo cuando no se tienen pruebas y evidencias suficientes del caso.

 

“Este no era el caso porque había prueba de la masacre, lo que había era una obligación de buscar información al interior de la Fuerza Armada”, destacó Morales al señalar que desde que inicio el juicio penal – en 1992— por la matanza, el CPDH recolectó y presentó pruebas suficientes para que continuará el proceso.

 

Pero los jueces se negaron a pedir dicha información a los militares, por lo cual permaneció estancado hasta que en 1999 el juez de primera instancia de San Sebastián decidió pasarlo a archivo administrativo.

 

A pesar de que el Informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, determinó que había pruebas suficientes de la masacre, el ministro de Defensa de ese entonces, General José Guillermo García, declaró que había hecho una investigación y que no había ocurrido ninguna masacre.

 

Pero el mundo supo de las atrocidades que allí se cometieron por medio de una nota periodística del diario estadounidense The Washington Post, publicada el 8 de septiembre de 1982, dos semanas después de los hechos.

 

En tanto, los diarios locales seguían sin informar sobre el caso. Básicamente publicaban los partes de guerra emanados del Comité de Prensa de la Fuerza armada.

 

Una publicación del periódico El Mundo, del 24 de Agosto de 1982, señala: “El Comité de Prensa de la Fuerza Armanda (COPREFA), informó hoy que la Operación Militar ‘Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma’, que desde hacía una semana se venía realizando en el Noreste del departamento de San Vicente, concluyó ayer con el éxito que se había previsto y 150 o más extremistas resultaron muertos en combate”.

 

Pero todos eran  civiles, aunque de algún modo organizados en la guerrilla como soporte social: las señoras que echaban las tortillas, los que acarreaban el agua y la leña, etc. y con ellos, sus niños y niñas. Pero civiles, al fin y al cabo.

 

Que ruede la cabeza del embajador

La CPDH considera que la participación en el operativo –y en la masacre, como jefe castrense que dirigió tropas— inhabilitan al embajador Ochoa Pérez para ejercer la carrera diplomática, por ser contradictoria con el requisito establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador.

 

Esa ley dice que para ejercer la misma es indispensable: “ser de honrosos antecedentes, poseer sólida cultura y observar conducta intachable, a juicio del Ministro de Relaciones Exteriores”.

 

“El Embajador Ochoa debiese ser removido de su cargo actual, de conformidad al artículo 2 y 9 de la cita Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático, pues su permanencia en el servicio diplomático constituye un continuo agravio a las víctimas de la masacre de El Calabozo, atroz delito que constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que no puede amnistiarse ni ser objeto de la prescripción de la acción penal”, concluye la CPDH.

 

En publicaciones de la época se evidencia al ex Coronel Ochoa planificando el operativo. El Diario Latino, del 19 de agosto de 1982, publicó una fotografía, en la cual aparece Ochoa y el coronel Domingo Monterrosa planeando el plan de ataque del operativo en San Vicente.

 

El pie de foto reza: El Coronel Domingo Monterrosa comandante del Batallón de Reacción Inmediata (al centro) y el Coronel Sigifredo Ochoa comandante del Destacamento Militar No.2  de Cabañas (derecha) y segundo comandante de la operación “Tte. Cnel. Mario Azedón Palma”, coordinan el plan de ataque a seguir contra posiciones guerrilleras ubicadas al norte del departamento de San Vicente.

 

ContraPunto intentó conocer la postura del embajador Ochoa Pérez, pero nunca contestó nuestras llamadas para entrevistarlo. Por su parte, un vocero de Cancillería detalló que actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una evaluación de todo el cuerpo diplomático, y que sin duda alguna la petición interpuesta por “Madeleine Lagadec” para la destitución de Ochoa Pérez será tomada en cuenta.

 

“No sabría decir si este va ser un elemento determinante, pero sí se va tomar en cuenta en la evaluación de Ochoa Pérez”, indicó.

 

Por su parte, el abogado del caso, David Morales, dijo que lo que esperan es que se investiguen realmente sus antecedente, “es decir los gobiernos anteriores lo que hacían era encubrir, y lo que esperamos ahora es que ante nuestra petición el funcionario denunciado sea investigado y evaluado”.

 

Vi sangre nadando en el río

En Amatitán Abajo, la gente se siente en cierto modo indignada de que alguien como Ochoa Pérez, con todo ese antecedentes oscuro, esté gozando de las mieles que brinda el servicio diplomático.

 

Gabriel Amaya va viajando en la cama de un pick up, un día soleadísimo de julio. De barba y bigote abundante, y un sombrero de palma, va hablando como cualquier campesino de las cosas de la siembra: que el abono está caro, que una semilla sembrada con fe produce lo necesario, etc. Pero Gabriel, en aquellos días de guerra, fue combatiente de la guerrilla. Para cuando sucedió la masacre, él estaba combatiendo por otro lado, en el lugar conocido como Tres Calles, Usulután.

 

“Cuando regresemos aquí, a Amatitán, fui a El Calabozo, y lo que vi fue la sangre nadando en el río para abajo”, dice, dando saltos en la cama del pick up. Y agrega: “Vi como unos 150 cuerpos allí en el río, a la orilla, los demás se los había llevando el río”.

 

Sobre Ochoa Pérez, dice: “Se le debería de hacer un juicio, por lo que ha hecho, él no debería estar de embajador”

 

Los militares acusados de la matanza en el calabozo son: los Generales José Guillermo García (ex Ministro de Defensa y Seguridad Pública); Rafael Flores Lima (ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armanda) y Juan Rafael Bustillo (ex comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador).

 

También se incluye a los Coroneles Sigifredo Ochoa Pérez (entonces Comandante del DM-2) y Napoleón Alvarado (entonces Comandante de la 5ª Brigada de Infantería). Además, al Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez (ex Comandante del BIRI “Ramón Belloso”). Se incluye un señalamiento histórico sobre la responsabilidad del entonces jefe del BIRI Atlacalt, Domingo Monterrosa, ya fallecido.

 

Muchas de las víctimas de El Calabozo fueron quemadas, debido a que los militares vertieron ácido en sus cuerpos. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, 27 años después, siguen esperando por justicia.

 

¿Hasta cuándo se sanaran las heridas?