Aleksander Aguilar (*)  

BRASILIA - “La situación de la violencia, de la corrupción, de la delincuencia y de la credibilidad en la justicia salvadoreña deriva precisamente de que hemos querido en El Salvador IMPONER mecanismos, y sistemas teóricos que funcionan bien, pero en otros países, o aun peor, que no funcionan en lugar alguno.”

En este brillante tipo de razonamiento el ex director de la Policía Nacional Salvadoreña (PNC) y candidato derrotado a la presidencia de la Republica, Rodrigo Ávila, basa su argumentación para oponerse a la creación en El Salvador de una Comisión Internacional Investigadora del Crimen Organizado,  al estilo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El miedo de la derecha salvadoreña de que sean reveladas sus involucramientos en el estado deprimente de algunas de las instituciones del país es casi patético. O no, ya que, al fin y al cabo, esta reacción seria un mecanismo de defensa. Está construido sobre el esfuerzo  de tejer argumentos que son como mínimos cuestionables y que, desvergonzadamente,  estos sectores nacionales  han estado intentando hacer reverberar a través de entrevistas en los medios de comunicación, y lo logran, siempre con el apoyo descarado del monopolio de los intereses de los “poderosos” de El Salvador.

Parece muy claro que uno de los principales temores de los grupos políticos que Ávila representa es que con la creación de esta comisión se quiera, en sus propias palabras, “comenzar con un tema eminentemente político y revivir situaciones políticas”. Es decir, anteviendo, por puro miedo y sin fundamento concreto, que los temas de la guerra de los años 80 aparezcan en una investigación internacional, la derecha desespera y ya empieza a gritar.

El presidente Mauricio Funes presentó la idea de crear la Comisión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Basado en la experiencia guatemalteca, Funes planteó la necesidad de valerse de la cooperación internacional en la lucha regional contra el crimen organizado que complemente los esfuerzos que ya realizan la Policía y la Fiscalía. Un borrador técnico debe ser concluido hasta el próximo mes.  “Estoy creando una comisión que no está investida de poderes especiales sino que de un respaldo especial porque es asesorada por Naciones Unidas y por gobiernos que cooperaron en la creación de una comisión similar en Guatemala”, dijo Funes.

En un comentario de  aclaraciones legales, las cuales no  deberían ser necesarias si el nivel del debate sobre el tema no fuera tan rebajado,  vale mencionar que la Comisión no tendrá carácter vinculante para la justicia salvadoreña, sino lo de promover resultados que la Fiscalía y el Ministerio Publico podrán, o no, tomar en cuenta para abrir un expediente y presentar incriminaciones ante los tribunales nacionales.

 Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo relativo a la creación de la Cicig, a finales de 2006, el cual, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República en agosto del mismo año.

La Cicig es un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

En El Salvador, el plan nace de la necesidad de contar con una institución que esté a la altura de las circunstancias, dado que en el país, aparte de haber sido el país más violento de América en los últimos cinco o seis años, enfrenta el embate del crimen organizado. Como prueba de la necesidad de una articulación internacional independiente  está el hecho de que cuando le llegó el turno de mostrar sus resultados en la lucha contra el crimen organizado, el Fiscal General de El Salvador, Romeo Barahona, solo pudo exponer la desarticulación de una clica.

Pero, aún así, este mismo señor se declaró contrario a la creación en el país de un organismo similar a la Cicig y habla en intentar impugnarla legalmente. Barahona también ya había se negado a recibir a una misión de la ONU que estuvo en El Salvador para discutir las posibilidades de creación de la comisión internacional.  El Fiscal afirma, al igual que Ávila, que el tema sería inconstitucional, y  se dice preocupado con el riesgo de “instalar organismos y juicios paralelos que pueden menoscabar la inconstitucionalidad del país” y opina que la realidad salvadoreña es muy diferente a la guatemalteca.

Pero que el tema de seguridad, violencia y corrupción en Centroamérica es cada vez mas regionalizado y demanda acciones regionales no es novedad, y experiencias en los países del istmo deben ser compartidas – incluso es en esta base que todos aplauden las inversiones de los Estados Unidos “contra el narcotráfico” en la región. Además levantar una presunta inconstitucionalidad para la creación de una comisión investigadora internacional no es coherente con la existencia de otras comisiones establecidas en el pasado, como la Comisión de la Verdad  o la que investigó los escuadrones de la muerte, el Grupo Conjunto.

Una Comisión Internacional contra la impunidad no es solo una oportunidad para El Salvador  tratar con seriedad  el problema del crimen y corrupción en el país, sino contribuir ejemplarmente para la interiorización del Derecho Internacional -  una lección que tantos países necesitan aprender. No debe ser desperdiciada por cuento de los miedos de los sectores que tendrán sus intereses  revelados y se esfuerzan en conformar un ambiente de intimidación. La cooperación internacional debe estar atenta, denunciante y actuante.

 

(*) Periodista y académico, colaborador de ContraPunto