Aleksander Aguilar (*)

No sólo es copiada, sino que también es criticada por no cumplir con estándares dignos de vida ni de respeto al medio ambiente

 

LONDRES - Asombra la similitud de los recientes proyectos de vivienda anunciados por los gobiernos de Brasil y El Salvador, lanzados casi al mismo tiempo, y presentados en los dos países como una “medida anticrisis”.Los programas de los presidentes Inácio Lula Da Silva y Mauricio Funes están basados en la búsqueda de solución para el déficit habitacional histórico que asola las dos naciones, hoy más cercanas y unidas que nunca. Según las cifras del “VI Censo de Población y de Viviendas 2007” se estima que en El Salvador, una nación de  5.7 millones de habitantes, ese déficit asciende a 450 mil viviendas, mientras que el de Brasil, de 196 millones de habitantes, es de 7.2 millones de casas.

 

Pero el asombro no ocurre por la coincidencia de objetivos, fechas y discursos. El Salvador está básicamente copiando el proyecto del gobierno Lula en la cuestión habitacional y eso es nada más que un ejemplo obvio de las estrechas y particulares relaciones que se han estado desarrollando entre el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la campana electoral salvadoreña. El programa de viviendas es un ejemplo de las políticas gubernamentales que Mauricio Funes ha dejado claro que serian adoptadas en su gestión en la Casa Presidencial.

 

Lula da Silva es el modelo asumido por Funes – por varias razones de orden electoral, estratégica, diplomática, económica e incluso personal –, y Brasil, por su lado, está exportando su experiencia de desarrollo hacia distintas partes del grupo que conforma el llamado “Países Sur”, especialmente en América Latina y África. Basado las relaciones entre los dos mandatarios, El Salvador es el país que con más decisión y confianza importa ese modelo. 

 

El incremento de la cooperación internacional en diferentes programas técnicos y económicos entre los países deja clara una opción que no se esconde en El Salvador, al revés, se estimula.  Sin embargo muchas veces ella no viene acompañada de la crítica necesaria sobre lo que realmente pasa en el “gigante del Sur”, y el nuevo programa de viviendas de los dos países es un ejemplo destacado.

 

Inspiración y errores comunes

 

Los números de las dos propuestas son ciertamente muy distintos, pero utilizan la misma lógica que les hace susceptibles a críticas.

 

La cuestión de la vivienda configura uno de los más importantes problemas sociales en los dos países, sin embargo tanto el “Minha Casa, Minha Vida” del gobierno del PT como el “Casa para Todos” del gobierno del FMLN no están guiados únicamente por la búsqueda de solución al intrínseco del problema, sino en las necesidades de las estrategias de poder y de negocios dominantes.

 

El gobierno del Frente (como cualquier gobierno), y como partido, (como cualquier partido está sujeto a distintos momentos y actores de presión. El presidente ha recibido, además del Frente, el apoyo de un poderoso “Amigos de Funes”. En la línea de seguir el ejemplo de Brasil, se aplica la táctica de mantener a los sectores poderosos contentos, moviéndose despacio (a veces muy despacio) hacia el abordaje de los problemas sociales.

 

Difícilmente se podrá decir que el gobierno (que no es solo el  FMLN) está tratando de favorecer a las grandes constructoras con el nuevo programa de viviendas, pero no resulta arduo evaluar que el programa está diseñado  con suficiente concesiones a las empresas  para que sientan que han ganado “su trozo del pastel” con la inversión.

 

Motivados por la idea de reactivar el empleo en el sector, lo que justificaría su apodo de “plan anticrisis”, los subsidios diseñados en los dos gobiernos fortalecen el capital del sector de construcción en lugar de iniciativas creativas para el problema de vivienda que tengan como criterios prioritarios la calidad y la dignidad de las viviendas y los factores urbano-ambientales. El déficit habitacional, de la manera como ambos proyectos están concebidos,  tiene las familias sin-techo como un “alibi social” donde el estado actúa asegurando las ganancias de los sectores inmobiliarios.

 

Minha Casa, Minha Vida”

 

El volumen de subsidios del programa brasileño alcanza los 34 mil millones de reales (cerca de 18 mil millones de dólares) para atender la población con una renta familiar entre cero y 10 salarios mínimos. El proyecto es más generoso para los más pobres, que tienes ingresos de hasta tres salarios mínimos, pues recibirán subsidios de hasta 90% del valor de la propiedad. 

 

El déficit habitacional en Brasil es de 7.2 millones de casas y el programa “Minha Casa, Minha Vida” espera construir un millón de viviendas al coste por unidad de un valor entre 41 y 52 mil reales (20 o 26 mil dólares). Sin embargo, 60% de ese total, es decir, 600 mil casas, será destinado al grupo de familias con ingresos entre tres y diez salarios mínimo en lugar de los más pobres, lo que es exactamente lo que prefiere el sector inmobiliario que considera que las ganancias que  podrá obtener a partir del esquema de financiación establecido serán mayores.

 

En Brasil, 97% del subsidio público del programa está destinado a la producción directa de constructoras privadas y solamente los 3% restantes van para las cooperativas y movimientos populares históricos de lucha por vivienda en el país. La producción de las empresas es “por oferta”, lo que significa que es la constructora quien define los terrenos y el tipo de proyecto para después venderlos integralmente a la “Caixa Economica Federal” (uno de los bancos estatales del país) sin gastos de comercialización y sin riesgo de insolvencia.

 

Las condiciones materiales de los conjuntos habitaciones brasileños, según experiencias ya realizadas a lo largo del tiempo, tienden a promover segregación de las clases más bajas y falta de calidad de servicios públicos, razón por la cual este tipo de colonias suelen ser comparadas al arquetipo de los penitenciarías. No es en vano que las famosas “favelas” brasileñas han tenido su boom durante los regímenes militares. La preocupación con la calidad del producto y su impacto ambiental son temas menores en el proyecto brasileño.

 

Luego, por un lado el gobierno brasileño quiere capitalizar políticamente con el discurso de viviendas para los más pobres, pero el mercado de construcción, para quien el gobierno afloja, quiere generar ganancias a través de los subsidios para las clases con mejor poder económico.  La historia del subsidio habitacional en Brasil tiene repetidas experiencias de la captura de los fondos por las clases medias en lugar de la clase obrera más necesitada y parece que una vez más la situación ocurre, según valoran en análisis que realizan el arquitecto y la urbanista brasileños, Pedro Fiori Arantes y Mariana Fix, en una conocida publicación en Brasil.

 

“Casa para Todos”

 

El proyecto brasileño tiene agravantes que reciben críticas semejantes a las que están recibiendo el gobierno salvadoreño respecto a calidad de las viviendas.  Las casas del proyecto de Lula, según el modelo sugerido por la Caixa Economica, tendrán 32 metros cuadrados, lo que es aún menor que el proyecto en El Salvador, que prevé viviendas con 45 metros cuadrados.

 

Aunque estén proyectadas con medidas más grandes que las casas que se piensa construir en Brasil, hay criticas que han señalado preocupación con las “cajas de fósforos” que construiría en El Salvador.

 

El programa  “Casa para Todos” deberá construir 25 mil casas con un coste estimado en 232.5 millones de dólares que será abrigado esencialmente, al contrario de Brasil, por fondos privados. El subsidio del gobierno salvadoreño para la que la población acceda a las viviendas será, porcentualmente, mucho menor que lo del programa de Lula, pero el discurso es muy similar: la generación de empleos, la reactivación del sector construcción y la vivienda digna a las familias pobres.

 

El proyecto salvadoreño también va acompañado con un fideicomiso de garantía, del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), para brindar confianza a la banca en cuanto al financiamiento a corto plazo en valor de $10 millones.  La banca, preocupada en minimizar su riesgo de financiación, puso sus condiciones, y el gobierno ha aceptado. Así, las casas del primer proyecto, Lomas de San Antonio, tienen un costo de 17.500 por unidad.

 

Vale señalar que el subsidio no incluye el lote, es decir, mismo para las casas más pobres, con costes de cinco mil dólares, el gobierno pedirá a las familias las escrituras de los terrenos, lo que es un elemento paradójico para un proyecto de interés social para los más pobres.

 

¿Lógica social o del capital?

 

Si bien ambos gobiernos estén enterados del riesgo de críticas acerca de la calidad de las viviendas, impulsan los programas teniendo como eje principal su presunta fuerza para combatir la crisis. La generación de empleos es un argumento central basado en el incentivo para un sector que demanda mucha mano de obra.

 

Pero se olvida que los programas no establecen exigencias en relación a las condiciones de trabajo ni fortalecimiento de la fiscalización y así los trabajadores estarán más sujetos a explotación dado el interés de las empresas en producir a bajo costo. Obvio que hay una normativa, pero eso no significa que las sanciones serán aplicadas, sobretodo en un estado de frágil capacidad de aplicación de las leyes y mucha impunidad.

 

La lógica del capital una vez más ocupa prioridad y la función social de la política de viviendas queda en segundo plano.

 

(*) Periodista y colaborador de ContraPunto en el Reino Unido